El presidente de Malaui, Peter Mutharika, anunció la prohibición inmediata de las exportaciones de minerales en bruto, declarando que ningún recurso sin procesar saldrá del país. Esta medida radical tiene como objetivo generar hasta 500 millones de dólares al año mediante la valorización y el procesamiento local.
Hablando en el Palacio de Sanjika en Blantyre, durante la ceremonia de juramento de los nuevos miembros del gobierno, el presidente Mutharika afirmó que el país debía dejar de exportar materias primas y apostar decididamente por el desarrollo industrial.
«No permitiré la exportación de materias primas procedentes de nuestras minas», declaró. «Las materias primas deben transformarse aquí».
La prohibición afecta a sitios mineros clave, entre ellos los yacimientos de rutilo de Kasiya (Lilongwe) y de tierras raras de Kangankunde (Balaka), que, según funcionarios del gobierno, podrían generar cientos de millones de dólares anuales si fueran procesados localmente.
Malaui cuenta con importantes recursos minerales, entre ellos uranio, bauxita y grafito, así como otros yacimientos de tierras raras, carbón y piedras preciosas como rubíes y zafiros.
Mutharika, reelegido recientemente tras su victoria electoral del mes pasado, presentó esta política como una piedra angular del nacionalismo económico.
«Concentrémonos en los resultados, no en los discursos», instó a los nuevos responsables, exhortándolos a servir con integridad y a resistir los intereses personales.
Aunque el anuncio ha despertado aplausos de corte patriótico, analistas advierten que la medida podría resultar contraproducente si no va acompañada de una aplicación estricta de la ley y una infraestructura adecuada.
En toda África, prohibiciones similares han tenido consecuencias imprevistas.
En 2023, la prohibición de exportar litio en bruto en Zimbabue provocó un aumento del contrabando hacia la frontera con Mozambique, donde camiones cargados de mineral fueron interceptados en rutas secundarias.
Tanzania experimentó una crisis similar en 2017, cuando su prohibición de exportar oro empujó a los mineros hacia mercados ilegales, redujo los ingresos públicos y aumentó los costos de aplicación de la ley.