Agricultores comerciales blancos de Zimbabue, expropiados durante la reforma agraria de los años 2000, han contratado lobbistas en Washington para obtener el apoyo de Estados Unidos a un acuerdo de indemnización de 3.500 millones de dólares con el gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa.
Los agricultores reclaman compensaciones por infraestructuras y mejoras realizadas en sus antiguas explotaciones. En 2020, el gobierno prometió respetar el acuerdo para mejorar las relaciones con Occidente, pero la deuda pública del país, estimada en 23.000 millones de dólares, ha retrasado los pagos.
Un compromiso posterior prevé el pago inmediato del 1 % de la compensación y el resto mediante bonos del Tesoro a diez años con un interés del 2 %, aunque solo 17 % de los agricultores ha aceptado la propuesta.
La firma estadounidense Mercury Public Affairs, contratada por la empresa sudafricana OB Projects Management, intenta persuadir a la Casa Blanca y al Congreso para que faciliten el pago, posiblemente mediante alivio de deuda o financiamiento internacional.
Sin embargo, la ley estadounidense ZIDERA, adoptada en 2001 para sancionar las expropiaciones, prohíbe nuevos préstamos o alivios de deuda al Zimbabue, lo que complica cualquier acuerdo.
La iniciativa también ha generado divisiones entre las organizaciones agrícolas del país, algunas favorables al lobby en Estados Unidos y otras preocupadas por el impacto político de la operación en las ya tensas relaciones entre Harare y Washington.