El presidente Félix Tshisekedi firmó el domingo 13 de septiembre de 2026 una ordenanza que crea un comité encargado de preparar un diálogo nacional, una iniciativa ya criticada por varias formaciones de la oposición, que denuncian el control del jefe de Estado sobre el proceso.
El texto firmado por el presidente congoleño todavía no convoca el diálogo nacional, pero sienta las primeras bases para su organización. El nuevo comité deberá definir los parámetros fundamentales del encuentro e identificar las necesidades financieras, técnicas, logísticas y de seguridad necesarias para su celebración.
También deberá formular propuestas al jefe de Estado con vistas a la creación de una comisión preparatoria.
Sin embargo, la ordenanza sitúa esta estructura bajo la autoridad directa de Félix Tshisekedi. El presidente nombrará al coordinador del comité, a su adjunto y a sus miembros, y podrá poner fin a sus funciones. Asimismo, designará a los once expertos de la secretaría técnica.
El comité recibirá sus orientaciones del director de gabinete del presidente de la República, ante quien deberá rendir cuentas de sus trabajos mediante notas de seguimiento, reuniones informativas o informes. Las modalidades de comunicación pública serán determinadas por el jefe de Estado.
La ordenanza no precisa la composición del comité, los criterios de participación, el calendario de los trabajos ni los temas que se abordarán durante el diálogo.
Esta estructura suscita ya reservas entre la oposición, que considera que el poder no puede ser al mismo tiempo parte interesada en el proceso y único responsable de su organización.
En el entorno del expresidente Joseph Kabila, Ferdinand Kambere, secretario permanente adjunto del Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), calificó la firma de la ordenanza de «no acontecimiento», al considerar que no refleja una verdadera voluntad de iniciar un diálogo por la paz.
La coalición C64, que incluye en particular a Ensemble pour la République (EPR), de Moïse Katumbi, también rechazó la iniciativa. Su secretario general, Dieudonné Bolengetenge, declaró que siguen vigentes las razones de la movilización prevista para el martes 15 de septiembre contra cualquier modificación de la Constitución.
«A estas alturas, ya ha demostrado suficiente mala fe como para que dejemos de escucharlo», afirmó, citado por RFI, reiterando la prioridad concedida a la defensa del orden constitucional.
La coalición Lamuka, liderada por Martin Fayulu, comparte esta posición. Su portavoz, Prince Epenge, denunció una ordenanza destinada, según él, a desmovilizar a los congoleños.
Lamuka reclama un diálogo verdaderamente inclusivo, capaz de contribuir al fin de la guerra y favorecer la celebración de elecciones en 2028. «No queremos un circo», declaró Epenge.
La Comisión Congoleña de Derechos Humanos adopta una posición más prudente. Su presidente, Paul Nsapu, pide negociaciones pacíficas, sin violencia ni incitación a la violencia, y asegura que su institución observará el proceso y denunciará eventuales abusos.
La creación de este comité se produce así en un contexto político tenso, marcado por las divergencias entre el poder y la oposición sobre las condiciones de un diálogo nacional y la defensa del orden constitucional.
SG/RT/APA