El presidente keniano, William Ruto, anunció el pasado fin de semana una nueva directiva que obliga a los comerciantes extranjeros a regularizar sus documentos migratorios y comerciales en un plazo de 90 días.

El anuncio se produce después de que este país de África del Este restringiera el acceso a los mercados locales a determinadas pequeñas empresas propiedad de extranjeros, una medida que suscitó una fuerte preocupación y temores de posibles actos de violencia xenófoba.

Desde entonces, el Gobierno ha precisado que la directiva no constituye una prohibición general para que los ciudadanos extranjeros gestionen pequeños negocios. Las autoridades indicaron que el plazo de 90 días permitirá a los comerciantes afectados obtener los documentos migratorios, permisos de trabajo, registros empresariales y licencias exigidos por la legislación keniana.

Kenia acoge a importantes comunidades de migrantes y refugiados procedentes de países vecinos, especialmente de Burundi, muchos de los cuales dependen del comercio informal para subsistir.

Los próximos 90 días permitirán determinar si los comerciantes afectados podrán obtener los documentos necesarios para continuar sus actividades o si se verán obligados a cerrar sus negocios y abandonar el país.

Sin embargo, estas aclaraciones solo han tranquilizado parcialmente a algunas comunidades migrantes, en particular a los burundeses, que cuentan con una importante presencia en la economía informal de Kenia.

Cientos de personas se habrían congregado a principios de la semana pasada ante la Embajada de Burundi para solicitar ayuda con vistas a su repatriación, en medio del temor a detenciones o expulsiones forzosas.

Los servicios de William Ruto indicaron que el Gobierno llevará a cabo durante este periodo de 90 días un proceso ordenado de regularización para garantizar que los ciudadanos extranjeros dispongan de los documentos necesarios para residir y ejercer una actividad comercial en Kenia.

El ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, afirmó que Kenia sigue abierta a la participación extranjera en las actividades económicas, tanto en pequeñas como en grandes empresas, siempre que los migrantes cumplan los requisitos en materia de inmigración, empleo y licencias.

«Kenia no está aplicando una prohibición general contra los ciudadanos extranjeros que ejercen actividades comerciales a pequeña escala, sino que busca garantizar que su participación se ajuste al Protocolo del Mercado Común de la Comunidad de África del Este y a la legislación nacional aplicable», declaró Mudavadi.

El ministro presentó el enfoque del Gobierno como una medida regulatoria y no discriminatoria.

La directiva inicial de Ruto había suscitado preocupación ante el riesgo de que el refuerzo de los controles expusiera a las comunidades migrantes a actos de acoso o ataques xenófobos. Las autoridades kenianas han tratado de disipar estos temores, subrayando que las eventuales medidas se centrarán en el cumplimiento de la legislación vigente y no en la nacionalidad.

Kenia es miembro de la Comunidad de África del Este (EAC), cuyo Protocolo del Mercado Común contempla la libre circulación de trabajadores y el derecho de establecimiento en los Estados miembros.

Estos derechos siguen estando, no obstante, sujetos a los requisitos nacionales en materia de inmigración, permisos de trabajo y licencias comerciales, cuya aplicación no siempre ha sido uniforme.

SG/RT/APA