El gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros un decreto real que inicia un proceso extraordinario de regularización dirigido a cerca de medio millón de migrantes en situación irregular, presentado como una respuesta social y económica.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que la medida fue impulsada por una amplia movilización ciudadana, con más de 600.000 firmas y el respaldo de organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y entidades religiosas.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reconocer la realidad de cientos de miles de personas ya integradas en la vida cotidiana del país, que desempeñan funciones clave en sectores como los cuidados, la alimentación, la educación y el emprendimiento.
El gobierno subraya también el impacto económico de la regularización, en un contexto de envejecimiento demográfico que requiere reforzar el mercado laboral y sostener los sistemas públicos, como la sanidad y las pensiones.
Además, Sánchez calificó la medida como un «acto de justicia», recordando la historia migratoria de España y la experiencia de millones de españoles que emigraron en el pasado.
Finalmente, el Ejecutivo defendió esta política como una alternativa basada en la integración, la responsabilidad y la prosperidad compartida, frente a enfoques centrados en la exclusión.