El proyecto de Ley de Finanzas (PLF) 2027 de Marruecos se articulará en torno a cuatro prioridades, que abarcan desde la consolidación de los logros económicos hasta la reducción de las disparidades territoriales, pasando por el fortalecimiento del Estado social y la preservación de los equilibrios presupuestarios, según una nota de orientación del Gobierno.
El Gobierno marroquí definió las principales orientaciones del PLF 2027 de conformidad con las directrices del rey Mohammed VI contenidas en su discurso con motivo de la Fiesta del Trono. La nota, dirigida por el jefe del Gobierno a los distintos departamentos ministeriales, sitúa la consolidación de la dinámica económica como la principal prioridad, con el objetivo de reforzar la posición del Reino entre las economías emergentes.
El segundo eje se refiere a la mejora integral de los territorios y a la reducción de las desigualdades sociales y territoriales mediante un enfoque de desarrollo territorial integrado. El tercero prevé continuar fortaleciendo los pilares del Estado social y las grandes reformas estructurales emprendidas por el Reino.
La preservación de los equilibrios de las finanzas públicas constituye el cuarto pilar del futuro presupuesto.
«El proyecto de Ley de Finanzas para el año 2027 se inscribe en el marco de la consolidación de los logros alcanzados y de la continuación de la movilización de los recursos financieros necesarios para todos los proyectos emprendidos por el Reino», señala la nota de orientación.
El Gobierno pretende así conciliar la financiación de las inversiones y de las políticas sociales con la sostenibilidad de las finanzas públicas. La nota destaca un modelo económico, social y medioambiental renovado, basado en el realismo y en la adecuación entre las ambiciones de desarrollo del país y los recursos disponibles.
La preparación del PLF también tiene lugar en un contexto político marcado por las elecciones legislativas previstas para el 23 de septiembre de 2026. Presentadas en la nota como una cita importante para la credibilidad de la práctica política y la renovación de la confianza entre los ciudadanos y las instituciones elegidas, estas elecciones abrirán una nueva etapa institucional.
El presupuesto de 2027 deberá traducir concretamente estas orientaciones, conciliando varios imperativos: continuar las inversiones estructurales, financiar la ampliación de las políticas sociales, acelerar la reducción de las disparidades territoriales y mantener el control de las finanzas públicas.
SG/RT/APA