Marruecos aparece así como un caso favorable de movilización conjunta de recursos públicos y privados, aunque sus resultados siguen siendo difíciles de aislar estadísticamente.
El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) cita a Marruecos entre los ejemplos de financiación a gran escala de infraestructuras sanitarias y fitosanitarias agrícolas, con un programa que podría movilizar 1.200 millones de dólares de capital público y privado, al tiempo que señala la dificultad de medir con precisión el impacto de estas inversiones.
El modelo marroquí de financiación mixta aplicado a las cadenas de valor agroalimentarias figura entre las experiencias destacadas en un estudio publicado en julio por el STDF. El mecanismo asociado al Plan Marruecos Verde y a los programas que lo sucedieron contemplaba alrededor de 400 millones de dólares de contribución pública y 800 millones de dólares procedentes del sector privado, es decir, un total de 1.200 millones de dólares, aproximadamente 1.000 millones de euros.
El mecanismo combina financiación pública o concesional con capital privado para respaldar inversiones que presentan tanto un interés económico como beneficios colectivos.
El STDF menciona, en particular, los laboratorios, los sistemas digitales de trazabilidad, los mecanismos de certificación, los controles sanitarios y las infraestructuras de la cadena de frío. Generación Green, respaldado especialmente por el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), prolonga esta lógica en varios segmentos vinculados al comercio agrícola.
El informe asocia estas inversiones con una posible mejora de la competitividad, de las exportaciones agrícolas y del acceso a los mercados, especialmente al de la Unión Europea. De manera más general, considera los sistemas sanitarios y fitosanitarios como una «infraestructura facilitadora del comercio», susceptible de reducir los riesgos de rechazo en las fronteras y reforzar la fiabilidad de las cadenas de suministro.
El estudio pide, sin embargo, prudencia a la hora de interpretar las cifras.
La dotación de 1.200 millones de dólares corresponde a las contribuciones previstas en el programa citado y no a un balance detallado de los desembolsos. El documento no precisa ni los fondos privados efectivamente movilizados, ni la proporción destinada directamente a las infraestructuras sanitarias y fitosanitarias, ni los resultados atribuibles exclusivamente a estos gastos.
El STDF subraya asimismo que la financiación privada no puede sustituir al gasto público en las funciones propias del Estado. La vigilancia de enfermedades, las inspecciones oficiales, la bioseguridad en las fronteras o el marco regulatorio generan pocos o ningún ingreso comercial directo y requieren, por tanto, una financiación pública sostenible. El capital privado resulta más adecuado para actividades como la certificación, la trazabilidad, los análisis de laboratorio o el almacenamiento frigorífico.
El STDF tampoco proporciona datos detallados sobre las tasas de ejecución, los costes asumidos por las pymes, el número de laboratorios acreditados o la evolución de los rechazos de productos marroquíes en las fronteras. Una limitación que impide, por el momento, medir con precisión la eficacia del modelo más allá de su arquitectura financiera.
SG/RT/APA