Tras una evaluación realizada en el otoño de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un diagnóstico global de la administración fiscal marroquí.
El informe destaca avances significativos derivados de diversas reformas, pero también señala fragilidades persistentes, en particular la baja integridad del registro de contribuyentes, el elevado volumen de atrasos fiscales y los plazos prolongados en la tramitación de las devoluciones del IVA y del contencioso fiscal.
El FMI saludó las transformaciones emprendidas por el Reino para modernizar la administración tributaria y mejorar la relación con los contribuyentes.
En un informe de evaluación llevado a cabo entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, la institución financiera internacional subraya la generalización progresiva de los servicios digitales, hoy accesibles de forma continua a través de la plataforma segura SIMPL. Esta digitalización se inscribe en una lógica de simplificación de los trámites y de reducción de los costes administrativos.
El FMI destaca asimismo la adopción de un enfoque más orientado al servicio, destinado a fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante una mejor información y servicios personalizados.
La evaluación también valora positivamente el método estructurado adoptado para identificar a contribuyentes potenciales y ampliar la base imponible. Esta estrategia se apoya, en particular, en una gestión centralizada de los riesgos de incumplimiento, respaldada por el sistema de cruce y análisis de datos (SRAD), convertido en una herramienta clave de pilotaje.
El informe resalta la automatización y transparencia de los sistemas contables, así como el programa de control fiscal basado en riesgos, cuya aplicación es objeto de un seguimiento riguroso para medir su eficacia. También se elogian los esfuerzos orientados a mejorar la fiabilidad de las previsiones de ingresos públicos, especialmente mediante el seguimiento mensual y las proyecciones de las devoluciones del IVA.
No obstante, el FMI señala el escaso recurso a los procedimientos contenciosos tras las inspecciones externas y la excesiva duración de los plazos de tramitación de los litigios fiscales. El informe subraya las limitaciones del mecanismo de resolución de disputas tributarias, caracterizado por un uso marginal de los procedimientos contenciosos formales y por tiempos de resolución considerados excesivos, e insta a reformas específicas para reforzar la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema fiscal.
Realizada con la herramienta TADAT entre finales de septiembre y mediados de octubre de 2025, esta segunda evaluación, tras la de 2018, confirma los progresos logrados y ofrece una nueva base para afinar las prioridades de reforma en el futuro.