La fiscalía federal etíope ha acusado formalmente a 13 personas, entre ellas varios altos responsables gubernamentales, por su presunta implicación en una amplia red de desvío de combustible que habría contribuido a las recientes escaseces registradas en el país, según supo APA el viernes.
Los trece acusados etíopes, incluidos tres altos cargos, están señalados por haber agravado la escasez en el mercado interno al desviar más de 70 millones de birrs (más de 440.000 dólares) en combustible —gasolina y diésel blanco— fuera de todo marco regulatorio.
Entre los implicados figuran Esmealem Mihretu, director general de la Empresa Etíope de Abastecimiento de Petróleo (EPSE); Dibara Fufa, subdirector del sector petrolero en la Autoridad Etíope de Petróleo y Energía; y Shum-Alem Berhane, también responsable en la EPSE, junto con otros actores públicos y privados.
La fiscalía subraya que los hechos no se limitan a un desvío financiero, sino que tuvieron consecuencias directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Según el acta de acusación, el abuso de poder y la redirección del combustible hacia el mercado negro estarían en el origen de las escaseces crónicas y de las largas filas en las estaciones de servicio en todo el país. Las autoridades consideran que estas prácticas debilitaron un sector estratégico y provocaron una fuerte presión sobre la población.
En el primer cargo, los fiscales acusan a los tres principales imputados, procedentes de la Autoridad de Petróleo y Energía y de la EPSE, de haber violado las normas de licencias petroleras y facilitado la adquisición ilegal de 466.058 litros de diésel blanco en colaboración con un operador privado. Ese combustible habría sido revendido a explotadores mineros, causando una pérdida superior a 8,4 millones de birrs para el Estado.
El segundo cargo se refiere a una presunta conspiración que permitió la adquisición ilegal de más de 1,28 millones de litros de combustible, con un perjuicio estimado en más de 22,5 millones de birrs.
El tercer componente del caso involucra al propietario y al gerente de Yegna Petroleum P.L.C., sospechosos de haber obtenido fraudulentamente una licencia de distribución con la complicidad de varios funcionarios, lo que habría generado pérdidas superiores a 21,3 millones de birrs.
En el cuarto cargo, tres acusados están señalados por haber eludido la cadena nacional de suministro y desviado aproximadamente 1,9 millones de litros de combustible subvencionado, originalmente transportado desde Yibuti.
Las primeras conclusiones de la investigación policial describen una red de corrupción sofisticada que iría más allá del simple desvío de combustible, e implicaría también el sabotaje de los sistemas nacionales de control financiero y regulatorio digitales, incluidos los sistemas obligatorios de pago electrónico.